A seis meses de los hechos violentos protagonizados por estudiantes y policías de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, seis estudiantes que se encuentran detenidos, piden su libertad.
Argumentan falta de pruebas y el estancamiento de la investigación por parte del Ministerio Público, a tiempo de calificar de política su detención. Familiares de los mismos, afirman que ni la FUL ni el Defensor del Pueblo han atendido sus pedidos.
Boris Arancibia, Carlos Eduardo Soto, Marcelo Enrique Cors Ávila y Max Franklin Ramirez, son los estudiantes encarcelados desde el 17 de octubre del 2015 sindicados de supuesta tentativa de homicidio en contra de otro dirigente universitario que según informe fiscal abandonó el hospital al día siguiente de la presunta agresión.
“Luego de este hecho, no se ha realizado ninguna otra acción investigativa y la Fiscalía ha interpuesto una serie de argucias legales para impedir que nuestros compañeros recuperen su libertad, el carácter humilde de sus familias impide que tengan una mejor defensa pero todos han presentado documentos con el fin de lograr al menos la detención domiciliaria”, afirmó Ever Sarmiento, compañero de los estudiantes detenidos en el penal de San Sebastián.
Sarmiento explicó a EL DIARIO que se hizo presente en La Paz, a fin de lograr apoyo por parte de algunas instituciones que hasta el momento no han cumplido con sus funciones como lo es el Defensor del Pueblo, que pese a las varias notas enviadas no ha realizado ninguna indagación con el fin de establecer cuáles son los impedimentos legales que vulneran la libertad de sus compañeros.
Otra instancia que ha dejado a su suerte a los estudiantes, es la FUL que no corre con nigun gasto de representación legal o ayuda humanitaria en favor de los universitarios que defendieron la postura de esta instancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario