La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) tiene dos rectores desde ayer y se reaviva el conflicto por la falta de institucionalidad. Se trata de Luis Garvizu, designado por una resolución rectoral, el pasado 24 de noviembre, y Freddy Arce, quien se autoproclamó ayer como la nueva autoridad. Arce fue designado como el vicerrector que acompañaría la gestión de Garvizu, por ser el decano más antiguo.
Desde agosto de 2015, cuando terminó la gestión de Waldo Jiménez, la designación de los rectores de la UMSS se llevó adelante por sucesión. Los decanos más antiguos asumieron los cargos del rectorado y vicerrectorado.
A Garvizu lo antecedieron Juan Villarroel y Jenny Pinto.
LA DESIGNACIÓN Freddy Arce explicó que se “autodesignó” dando cumplimiento a la Ley del Funcionario Público, que establece que el interinato tiene un plazo máximo de 90 días, tiempo que fue cumplido por Garvizu, por lo tanto, corresponde que el vicerrector asuma la titularidad en la San Simón.
Arce cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Docente (FUD) y de la Federación Universitaria Local (FUL), cuyos dirigentes cuestionaron que Garvizu no haya convocado a Consejo Universitario.
La autoridad informó que la primera medida que asumirá será convocar a Consejo Universitario para el próximo 2 de marzo.
El secretario ejecutivo de la FUD, Juan Ríos, relievó la urgencia de llamar a Consejo para convocar a las elecciones de rectorado y recuperar la institucionalización de la UMSS.
El dirigente de la FUL Jarlin Coca desconoció a Luis Garvizu.
Señaló que durante su gestión no se atendieron las demandas de los estudiantes, que se arrastran desde 2015 cuando se paralizó la casa superior de estudios durante 17 semanas.
RECHAZO El director de Relaciones Públicas de la Universidad, Constantino Rojas, ratificó a Garvizu como rector y aclaró que no renunciará a su cargo porque su gestión terminará el 7 de julio.
Mediante un comunicado oficial, las autoridades denunciaron que Arce pretende desestabilizar a la institución.
Rechazaron la “flagrante violación de la normativa institucional y denunciaron a la comunidad universitaria y al pueblo de Cochabamba el riesgo de una inminente crisis institucional, particularmente en lo académico, en perjuicio directo de la juventud estudiosa que busca su formación profesional”.
La publicación también señala que en 2003, el Sistema de la Universidad Boliviana se manifestó en contra de la aplicación de la ley del Funcionario Público a través de un Amparo Constitucional.
Se logró la Sentencia Constitucional 016 del 3 de abril de 2000, que impidió que los derechos sociales de docentes y trabajadores universitarios, otorgados por la legislación de trabajo, como los beneficios sociales y el derecho a la antigüedad sean cercenados.
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