El general Jorge Santiesteban ha presentado al menos cinco recusaciones en contra de jueces y la comisión de fiscales.
El fiscal Marco Rodríguez denunció una componenda de los involucrados en el caso para anular la imputación por el ingreso irregular de los 54 alumnos, denominados interculturales, a la Universidad Policial (Unipol), así como para frenar un segundo proceso por obstaculización de justicia.
Rodríguez recordó que el excomandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, presentó al menos cinco incidentes en contra del juez Rolando Chaca y la comisión de fiscales que conocen el caso. Los recursos serán resueltos en la audiencia cautelar del viernes.
A pesar de que el general Santiesteban calificó al segundo proceso, por obstaculización a las investigaciones, de amedrentamiento y daño a su imagen aseguró que no saldrá de territorio boliviano y se someterá a las investigaciones.
Empero, la comisión del Ministerio Público no cree en esas expresiones por la dilación del proceso, por las excepciones que presentaron los abogados defensores de los oficiales involucrados en el hecho y en el que “hay elementos de convicción que vinculan al general Santiesteban. Hay una nómina de alumnos que lo vinculan directamente” con el caso.
La Investigación. El fiscal Rodríguez recordó que todos los esfuerzos por averiguar la verdad sobre este hecho se han paralizado y que el trabajo está orientado, ahora, a frenar las excepciones que han sido presentadas en los dos últimos meses.
“Estamos aún en los plazos establecidos de la etapa preparatoria. Pero son ellos, los abogados, quienes están alargando este proceso, pese a la colección de evidencias”.
Rodríguez afirmó que incluso el proceso en contra de la abogada Jandira U., una de las sospechosas de cobrar coimas para facilitar la admisión de postulantes, está paralizado y que existe una vinculación de la mujer observada con otros efectivos de la Policía, sobre quienes pesan denuncias hechas por los padres de familia que pagaron dinero sin que sus hijos sean aceptados.
La jueza Margot Pérez resolverá el viernes las excepciones y la situación jurídica del excomandante policial.
6 meses tiene el Ministerio Público para investigar el hecho y presentar la acusación formal al Juez.
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