viernes, 18 de septiembre de 2009

Contraloría investigará denuncias en UAJMS

La gerente regional de la Contraloría de la República, Carmen Rosa Ortiz, aseguró ayer que las denuncias sobre sobreprecios en adquisición de bienes dentro de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) serán investigadas por estas oficinas, puesto que para la presente gestión tienen programada en su Plan Operativo Anual (POA) una auditoría de gastos dentro de esta institución educativa.

En este sentido, Ortiz explicó que estas denuncias serán investigadas por esta institución tomando en cuenta ya cuáles son los contratos o licitaciones que se realizaron para la adquisición de los bienes en la facultad de Ciencias de la Salud, como también en otros gastos que se realizaron durante la presente gestión, asimismo explicó que comenzarán a recopilar toda la documentación correspondiente para estas investigaciones.

“Si esto se trata de gastos y tenemos toda la documentación vamos a tomar en cuenta en la auditoría de gastos que tenemos programada para esta gestión, y creo que en los próximos días comenzaremos con estas investigaciones, indicó la gerente de la Contraloría.

También explicó que, cuando se trata de una auditoría de gastos, en una institución pública, “gastos es mucho, es todo”, pero dijo que ante esta situación es que toman algunos ítems como muestra, técnicamente hablando, para poder comenzar a analizarlos, pero también explicó que cuando existen denuncias sobre irregularidades, son investigadas estas en primer lugar.

Ante la consulta de cuál es el mecanismo para definir las responsabilidades dentro de los casos irregulares que se pudiesen detectar, Ortiz explicó que dentro de este aspecto, que se encuentra dentro de la Ley 1178, que establece los tipos de responsabilidades, son de tipo administrativa, civil, ejecutiva y penal, “con eso podemos pronunciarnos en los informes de auditoría”.

“En qué consiste una responsabilidad administrativa, es cuando como resultado se determinó que existió alguna acción u omisión por contravención al ordenamiento jurídico administrativo, es decir que en el caso del proceso de adjudicación tenían que publicar en los medios escritos y no lo hicieron, esto es una responsabilidad administrativa porque se está incumpliendo, pero de ahí puede surgir una civil, puede ser que el hecho de no haber publicado, haya dado origen a que se decida a dedo y se beneficie con un sobreprecio a una persona, entonces ahí sale una responsabilidad y ya es un daño económico al Estado, es decir que ya se exige resarcir el daño, o también de esa observación puede surgir un delito, o sea puede haber una pérdida de dinero y existe una persona involucrada, entonces ya podemos irnos por la parte penal, porque eso ya son delitos y en el informe se tipifica como delito, incluso si se encuentra falsificación de documentos, etcétera”, detalló Ortiz.

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