El Consejo de Ministros abrogó ayer el Decreto Supremo 304, que traspasó a tuición de los ministerios la dependencia de las aseguradoras de salud y de otras entidades descentralizadas y desconcentradas.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, argumentó, al anunciar la anulación de esa norma, que el Gobierno no tiene intención de generar conflictos que alteren el clima electoral.
Ese decreto provocó la protesta de tres sectores involucrados: los militares pasivos y activos de alto rango, los universitarios y los trabajadores de la banca privada.
Los uniformados pasivos fueron los primeros en manifestar su rechazo y declararse en estado de emergencia. Luego, los universitarios se manifestaron en contra y ayer salieron a marchar por el centro paceño. Y los trabajadores de la banca determinaron el martes “paro nacional movilizado de 24 horas para el viernes 9”.
El Decreto 304, denominado Naturaleza jurídica, dependencia y tuición de las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas, estableció que ocho cajas de salud (como la universitaria, bancaria estatal, Cordes, entre otras) pasaban a depender del Ministerio de Salud, y sus directores deberían ser nombrados por el Ministerio del área y por el Primer Mandatario.
Esta figura se repetía en todas las entidades desconcentradas y descentralizadas que pasaban a depender de 15 ministerios del Poder Ejecutivo, con el argumento de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). La Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) junto con otras seis instituciones castrenses descentralizadas fueron traspasadas al Ministerio de Defensa.
Los cambios
Horas antes de que se inicie la marcha de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el ministro Quintana convocó ayer, a las 07.30, a una conferencia de prensa en la que anunció la abrogación de la norma conflictiva. El artículo único del Decreto 323, que anula el anterior, dice que “las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas se regirán por lo establecido en la normativa vigente de funcionamiento, previa a la aprobación del decreto supremo abrogado precedentemente”.
La autoridad sostuvo que la anterior norma provocó “interpretaciones caprichosas” y había “empezado a generar conflicto sobre la base de presunciones”.
Añadió que “intereses subalternos” estaban usando el decreto para generar un clima de tensión, motivado por el proceso electoral.
“No queremos dar oportunidad de armar conflictos que afecten el proceso electoral”, mencionó al anunciar que “la modernización” del Poder Ejecutivo será pospuesta y analizada con “más tiempo”.
En el Palacio de Gobierno se supo que la abolición del Decreto 304 causó fricciones entre esta autoridad y el ministro de Salud, Ramiro Tapia.
La marcha
Dos horas después de la abrogación de la norma, los universitarios iniciaron la movilización pese a que conocían la determinación gubernamental.
La rectora de la UMSA, Teresa Rescala, argumentó que la marcha tenía la finalidad de manifestar un regocijo por “hacer respetar la autonomía universitaria” y en demanda de un incremento en su presupuesto para la gestión 2010, que, según sus datos, sufrió un recorte de 90 millones de bolivianos.
La autoridad dijo que se levantaba el estado de emergencia, pero que se demanda diálogo al Gobierno para compensar la merma presupuestaria.
Los estudiantes, docentes y administrativos partieron de la plaza Franz Tamayo (del Estudiante), donde también terminó la movilización, después de paralizar el centro de la ciudad hasta el mediodía. La hilera de manifestantes se extendía por, al menos, cuatro cuadras, a la cabeza de la Facultad de Medicina.
Entre los estribillos de los marchistas se escuchó: “La UMSA no se toca”, y entre las pancartas se vio la inscripción: “Fuera de la UMSA docentes traidores”.
El Decreto 323, de un único artículo, deja las competencias como antes del Decreto 304.
Los universitarios ahora demandan más presupuesto para la gestión 2010.
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