En la Sectorial de las Carreras de Derecho del Sistema Universitario Público, que se desarrolla desde el 12 hasta el 15 de mayo, elaborarán una propuesta para la Cumbre de la Justicia que organiza el Gobierno, con el propósito de aportar en la construcción de un nuevo sistema judicial, se espera entregar el documento hasta el 18 de mayo.
El decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Gonzalo Martínez, indicó que a convocatoria del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) una delegación de Oruro formada por docentes y estudiantes asiste a la Sectorial de las Carreras de Derecho, para discutir dos temas centrales, uno académico respecto a la uniformidad de las mallas curriculares en base a la nueva Constitución Política del Estado. El otro tema es jurídico, aborda el documento base de lo que significará la Cumbre de la Justicia a nivel nacional.
Informó que además de las universidades del sistema público, también forman parte la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).
Señaló que, en cuanto a la malla curricular, la carrera de Derecho de la UTO aprobó su rediseño en 2011 con base en la Constitución Política del Estado.
En cuanto al tema jurídico donde se discute sobre la justicia en Bolivia a partir de la crisis en la que se encuentra, que motivó al Ministerio de Justicia a realizar una cumbre donde se tratará la revolución de la justicia y el vivir bien.
Aseguró que para esto la UTO tiene una propuesta a partir de una introducción en la que se busca saber en qué consiste la justicia, su equilibrio y armonía que debe tener a través de un mejor criterio y desarrollo.
Indicó que la justicia está en crisis, como un enfermo que necesita oxígeno, y otros insumos para recuperar, entonces se requiere de un relanzamiento que permita superar estos temas.
Explicó que la propuesta que presenta la UTO se basa en el diagnóstico que se efectuó y se divide en tres partes: el acceso a la justicia que es limitado por el elevado costo y el desconocimiento sobre los derechos y garantías constitucionales que tiene todo ciudadano; la falta de credibilidad de la justicia, pues la población desconfía por la retardación de justicia, y la corrupción e intromisión política.
Agregó que en el tercer punto se aborda la independencia que debe tener la justicia, se realizan algunas recomendaciones para elegir a autoridades con mucha transparencia.
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