martes, 5 de enero de 2016

la crisis de la Universidad Pública en Bolivia se ha hecho más evidente



A raíz de los conflictos que han resonado a lo largo del 2015, la crisis de la Universidad Pública en Bolivia se ha hecho más evidente. Pero, ¿ocurre la crisis solamente en Bolivia o es un problema regional? ¿Es posible extraer ideas de otros países latinoamericanos para enriquecer la búsqueda de soluciones en Bolivia?
El sociólogo mexicano Héctor Vera (HV) comparte con El País (EP) su análisis de la educación universitaria en su país. Pese a que el país centroamericano es doce veces más poblado que Bolivia y el doble de extenso, ambos países se asemejan por su alta diversidad y complejidad social, cultural, política y económica.
Asimismo, aunque hay diferencias, existen sorprendentes coincidencias en algunos problemas centrales de la educación universitaria que pueden ayudar a entender mejor las crisis que atraviesan las universidades en Bolivia y contribuir así en la búsqueda de posibles soluciones.

(EP). Primeramente, cuéntenos un poco sobre el tipo de problemas que ocurren actualmente en la universidad pública mexicana y cómo se manifiestan.
(HV). El sistema universitario mexicano es complejo. México tiene una población superior a los 120 millones de habitantes en un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que hay regiones y grupos sociales con necesidades y reclamos educativos marcadamente diversos; también significa que las ofertas de educación superior varían mucho.
En este sentido, uno de los problemas en la universidad pública mexicana es la disparidad en la calidad educativa a la que tienen acceso los jóvenes que se inscriben en esas universidades. Por un lado, hay un grupo selecto de instituciones de educación superior que ofrecen licenciaturas y posgrados de alta calidad con profesores altamente calificados; estas se encuentran concentradas en algunas de las ciudades más grandes, como la ciudad de México o Guadalajara.
Pero, por otra parte, hay muchas universidades públicas que dependen de los estados (así es como llamamos en México a las entidades federativas o provincias). En varias de ellas las carencias son mayores y los estudiantes llegan ahí con necesidad de más apoyo, pues su educación previa fue igualmente más deficiente.
Otro problema acuciante es la falta de cobertura. Muchos estudiantes que aspiran a entrar a las universidades públicas no encuentran lugar en ellas, a pesar de que algunas son muy grandes (la Universidad Nacional (UNAM), por ejemplo, tiene trescientos mil estudiantes).
Cada año hay un movimiento social de los así llamados “rechazados” que se organizan para demandar mayor acceso a las universidades. El sistema público ha crecido poco y solo encuentra lugar una minoría. Aproximadamente solo diez por ciento de los aspirantes a la UNAM encuentran un espacio ahí.

(EP). ¿Qué ocurre con estos “rechazados”?
(HV). Esto ha dejado cada año a miles de jóvenes con dos dolorosas opciones: dejar de estudiar en busca de una oportunidad el siguiente año o entrar al sistema de universidades privadas, que está repleto de instituciones de baja calidad (con sus excepciones, claro está).
Pero otro asunto difícil es la eficiencia terminal, que se refiere al porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios universitarios en una institución respecto al número de estudiantes que ingresaron. En general, la eficiencia terminal es bastante baja en las universidades públicas, muchos estudiantes que lograron superar los múltiples filtros previos a la universidad nunca van a obtener un diploma universitario.
Finalmente, veo otro problema estructural grave para las universidades públicas mexicanas: el financiamiento. El gasto público en el país depende en grado mayúsculo del petróleo. En periodos como el presente, en que los precios internacionales de petróleo caen súbitamente, aumenta mucho la presión para que no disminuya el gasto en educación y el proceso se hace más político que de costumbre.

(EP). ¿Cómo funcionan las universidades públicas en México? En Bolivia son autónomas y con un cogobierno docente-estudiantil. ¿Cómo son allá?
(HV). En México un gran número de las universidades públicas son autónomas, pero los estudiantes no son actores centrales en sus órganos de gobierno (aunque sí tienen cierta representación en algunas universidades). Autonomía es una palabra curiosa, especialmente cuando la usamos para hablar de una institución de educación superior. Hay muchos debates sobre qué significa y qué implica ese término.
Típicamente significa simplemente autonomía académica, es decir, que las autoridades políticas (o cualquier otro actor externo a la universidad) no pueden decidir desde afuera qué tipo de conocimientos u orientación intelectual se privilegiará en una universidad, no pueden echar a la calle a una profesora que les incomode, etcétera.
Pero ninguna universidad es autónoma en el sentido amplio de la palabra. Regresando al tema del financiamiento, todas las universales públicas necesitan financiamiento del gobierno, lo cual limita en los hechos su autonomía académica.
En México algunas universidades autónomas han sido exitosas en limitar a niveles razonables la influencia externa --venga desde arriba (gobierno) o desde abajo (grupos de presión)-- y toman sus principales decisiones guiados por criterios académicos.
En otros casos, principalmente en algunas universidades estatales, las universidades son cotos de poder de gobernadores y partidos políticos, su autonomía es solo de nombre. Y en las universidades estatales que no son autónomas las cosas llegan al grado de que el gobernador estatal nombra directamente a las autoridades universitarias.
(EP).En otro tema, ¿cuán necesario es realmente tener universidades en países donde el mercado laboral para los egresados está saturado? ¿O es que las universidades no están conectadas con la realidad de su respectivo país?
(HV). La relevancia o pertinencia de tener universidades en cualquier país es algo que es menos claro de lo que parece a primera vista. Usualmente se asume que mientras mayor sea el porcentaje de la población con estudios universitarios mejores serán las condiciones socioeconómicas individuales y colectivas. Pero en realidad no hay información incontrovertible al respecto.
Ciertamente alguien tiene que construir puentes, alguien tiene que hacer operaciones a corazón abierto, alguien tiene que levantar censos de población, y esas labores (y tantas otras más) necesitan de personas con un entrenamiento que usualmente se lleva a cabo en las universidades.
Un país que no puede producir un alto porcentaje de sus especialistas tendrá muchos problemas, como sucede en países africanos donde los expertos de muchas áreas clave tienen que llegar de fuera, frecuentemente de países que antes los tenían colonizados.
En este sentido, sabemos que una nación, por su propio bien, no puede prescindir de las instituciones de educación superior, pero tampoco hay consenso sobre exactamente cuántos recursos (materiales, humanos, simbólicos) son los óptimos para invertir en ese campo.

(EP). ¿Entonces en general es más compleja la relación entre la educación universitaria y el desarrollo de un país?
(HV). Un ejemplo podría servir para pensar sobre todo esto. En Corea del Sur aproximadamente 55 por ciento de la población de 25 a 34 años tiene un título universitario, mientras que en países como Estados Unidos, Francia o Finlandia esa proporción (entre personas del mismo rango de edad) es de únicamente el 40 por ciento.
Sin embargo, no podríamos decir que por esa simple superioridad educativa podamos considerar automáticamente a la coreana como una sociedad más próspera o más libre.
Estos mismos datos nos pueden dar cierta perspectiva sobre la situación en América Latina. Entre las personas de 25 a 34 años con un grado universitario, México y Chile están ligeramente abajo del 20 por ciento, mientras que Brasil llega apenas al 10 por ciento (según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Así, aunque no hay cantidades fijas o recetas exactas, podemos darnos una idea de que los países latinoamericanos tienen que encontrar maneras de incrementar estos números.
(EP). Pero en un país con un mercado laboral saturado, donde muchos egresados terminan trabajando en cosas que no tienen relación con las carreras que estudiaron, ¿qué beneficio tendría aumentar estos números?
(HV). Es cierto que muchas veces terminan trabajando en cosas completamente ajenas a sus estudios, desempeñando oficios cuyo prestigio social seguramente está por debajo de lo que eran sus expectativas cuando iniciaron sus estudios.
No es raro que eso suceda en los países latinoamericanos y en muchos otros. Era común oír historias similares sobre los países del antiguo bloque socialista, donde el sistema educativo era muy completo pero las oportunidades para acceder a los mejores trabajos eran mucho más limitadas.
Pese a todo, no deja de ser una decisión rentable, a nivel individual, el ir a la universidad. A largo plazo --y es importante recalcar esta dimensión temporal-- las personas con estudios universitarios terminan teniendo una ventaja socioeconómica respecto a quienes no van a la universidad, aunque en los primeros años después de la universidad tengan que dedicarse a labores que no llenen sus aspiraciones.
Hay amplias probabilidades de que a largo plazo hasta una estudiante de filosofía termine obteniendo mayores ingresos que un plomero que solo llegó concluir estudios secundarios.

(EP). Desde hace varios años en Bolivia han surgido las universidades privadas, que se han multiplicado rápidamente y son diversas en sus costos, carreras y también en su calidad educativa. ¿Serán estas parte de una posible solución o son un síntoma más del problema? ¿Cómo es este fenómeno en México?
(HV). Efectivamente, se trata de un medio ampliamente diversificado. Hay algunas que han existido desde hace más de medio siglo, que tienen buena calidad, pero que son muy caras, así que solo una minoría privilegiada puede acceder a ellas. Son el semillero de las élites, por decirlo de algún modo.
Después hay un grupo de universidades de mediano calibre, conglomeradas muchas de ellas en grandes consorcios internacionales cuyos fines primordiales son económicos y no educativos, son empresas en busca de ganancias.
Finalmente están unas instituciones microscópicas que ofrecen solo una o dos licenciaturas y que no tienen prácticamente ningún control o garantía de calidad y que están pobladas por hijos de familias de clase media que no encontraron ningún otra opción en el sistema educativo.
En todas estas universidades abundan las licenciaturas más populares entre los jóvenes aspirantes, como Turismo, Mercadotecnia o Diseño, áreas donde el mercado laboral está completamente saturado.
En muchos casos se trata de situaciones trágicas para jóvenes que primero fueron rechazos por el sistema público, después las instituciones privadas exprimieron los recursos de sus familias y luego tienen luchar con pocas armas en un medio laboral donde los mejores puestos son escasos y están acaparados por los grupos socioeconómicos más altos.

(EP). Me comentaba que se están introduciendo, a nivel internacional, políticas que evalúan la importancia y pertinencia de las instituciones educativas midiendo cuantitativamente las cualidades de estas, así como de profesores y alumnos. ¿Cómo ve esta tendencia, y qué relación tienen esos indicadores con el efecto social de la universidad?
(HV). La medición cuantitativa del desempeño universitario (en sus múltiples dimensiones) es algo relativamente reciente y todavía no comprendemos del todo sus consecuencias.
Actualmente, por ejemplo, muchas universidades compiten entre sí para mejorar su posición en las clasificaciones internacionales, por ser la mejor universidad (es decir la que ocupa la posición más alta en un ranking) en Latinoamérica, por estar entre las 250 mejores universidades del mundo, por ser una de las diez mejores universidades de tal o cual país.
Y aunque estas clasificaciones dicen algo sobre las instituciones que aparecen en sus listados (no se los puede ignorar solo porque no nos gusten), no pueden decirnos todo y no necesariamente revelan algo importante pues se realizan usando criterios reduccionistas.
Tener un premio Nobel en tu universidad, por ejemplo, da muchos puntos en las clasificaciones, pero eso no significa necesariamente que esa universidad ayude a sus estudiantes marginados a terminar sus estudios.
Sin embargo, pese a sus deficiencias, las clasificaciones se han vuelto una herramienta para que las universidades públicas negocien una mayor asignación de recursos públicos cuando salen bien posicionadas, o que las castiguen cuando les va mal.
Otra dinámica que ha cobrado mucho impulso al interior de las universidades es la de evaluar a los profesores --y en consecuencia determinar el monto final de sus ingresos económicos-- cuantificando sus labores primarias. Esto significa que les otorgan puntos por cada actividad realizada (dar una clase, publicar un artículo, etc.) y al final del año les dan un complemento salarial dependiendo de cuántos puntos obtuvieron.
Esto ha logrado que los profesores se hagan activos para hacer más cosas (ya no están sentados frente al escritorio imaginando cómo será una hipotética obra maestra que algún día realizarán), pero hay pocos controles para determinar qué tanta calidad o valor académico tienen los productos que realizan.
No sabemos si las clases que dan ahora son mejores o si sus artículos son mejores, simplemente sabemos que dan más clases y publican más artículos. Con esta política ha aumentado la productividad de los académicos, pero no sabemos si ha mejorado la calidad.
Para bien o para mal, todo parece indicar que estas maneras de entender a las universidades y a los universitarios serán cada vez más importantes en el futuro próximo.




el PERFIL

Héctor Vera (1975). Investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research (Nueva York). Sus temas de investigación se centran en la sociología de la educación y la sociología del conocimiento.

“Autonomía es una palabra curiosa, especialmente cuando la usamos para hablar de una institución de educación superior. Hay muchos debates sobre qué significa y qué implica ese término”

“Las clasificaciones se han vuelto una herramienta para que las universidades públicas negocien una mayor asignación de recursos públicos cuando salen bien posicionadas”

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