El Ministerio Público representado por el fiscal Gilbert Muñoz, quien investiga los destinos de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IHD), que fueron usados para gastos de funcionamiento en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), advirtió que esta institución se niega a brindar información.
Esta situación hizo que el fiscal de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos Contra la Corrupción, tome la actitud de la UAJMS como obstaculización a la averiguación del caso, que involucra a los ex rectores, Carlos Cabrera Iñiguez y Eduardo Cortez Baldivieso, además de Segundino Cortez Llanos, ex secretario de la Gestión Administrativa y Financiera y Walter Johnny Nava Oroz, ex jefe interino del Departamento de Finanzas de la casa de estudios superiores.
“Estamos preocupados, porque hasta la fecha la Universidad no presentó la información que necesitamos, pese a que dimos un plazo perentorio y los mismos no se cumplieron, porque no recibimos ninguna respuesta, esto hace ver que existe obstaculización en la investigación, y estamos tomando en cuenta para acreditarlos en el órgano de justicia”, dijo Gilbert Muñoz, explicando que actuarán como Ministerio Público de acuerdo a Ley, ante esa situación.
Cabe recordar que los delitos atribuidos a las ex autoridades, son conducta antieconómica y malversación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), estimados en 55’459.311 bolivianos, por lo que el Ministerio Público pidió al Juzgado Cautelar Primero de Instrucción en Materia Penal, la detención domiciliaria y la anotación de bienes de los cuatro imputados.
LA AUDIENCIA SERÁ EL 4 DE JUNIO
Muñoz señaló que existe fecha de audiencia programada para las ex autoridades de la casa de estudios superiores, misma que está prevista para el sábado 4 de junio a las 09.00 en el Juzgado Cautelar de la Corte de Justicia.
Argumentó que también se determinó la imposición de medidas cautelares de carácter real a los imputados con la anotación preventiva de sus bienes, donde se está gestionando con Derechos Reales y Tránsito, con el fin de garantizar la reposición del posible daño efectuado.
“Por lo demás estamos convocando a más de 100 personas a declarar en este caso, que de acuerdo a listas, estamos ampliando a investigación a quienes formaron parte del Consejo Universitario que aprobó el uso de los recursos del IDH”, añadió.
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