DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | UN CURSO IMPRESCINDIBLE PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | UN CURSO IMPRESCINDIBLE PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y PARA QUIENES TRABAJAN POR EL INTERÉS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SE IMPARTE EN COCHABAMBA CON EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional Cochabamba y UNICEF, están organizando el diplomado Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, con especial referencia al nuevo Código promulgado el año pasado. Este diplomado, impartido por docentes nacionales y extranjeros de gran trayectoria, está dirigido a profesionales en trabajo social, psicología, educación, medicina y a todo el personal que realice actividades con niñas, niños y adolescentes. Abordará temas fundamentales como la doctrina de protección integral, derechos, garantías y deberes, sistema plurinacional de protección integral, instituciones familiares, procedimientos en materia de familia, derecho penal del adolescente, entre otros tópicos vitales para el buen ejercicio de la justicia en este segmento fundamental de la población.

María Gracia Morais de Ramírez es una de las impulsoras y docentes de este diplomado. Con ella hablamos acerca de la importancia de este curso, del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia, de lo imprescindible que es conocer las nuevas normas, las formas de aplicarlo y de la responsabilidad de la familia y la sociedad civil en el bienestar de lo más preciado que tiene un país: sus niños y jóvenes.



OH!: ¿De qué se trata específicamente el curso, cuando se realizará y a quienes está dirigido?

Siendo la garantía de los derechos del niño un asunto multifactorial y multisectorial donde hay muchos involucrados, el curso está abierto a todo tipo de profesionales, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, arquitectos, padres y madres de familia, cualquiera que esté interesado puede participar en él. Empezará el próximo 20 de julio y se extenderá hasta el mes de diciembre de 2015.



OH!: ¿Cuál es su objetivo principal?

La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde hoy de forma absolutamente concurrente a la familia, Estado y sociedad. Es un curso que va dirigido a todas las personas interesadas en el cumplimiento de los derechos de la niña, niño y adolescente independientemente de la profesión que se ejerza. La idea es que se forme una gran legión de personas que conozcan el Código y que multipliquen esta ley. El nuevo modelo es difícil de comprender y mucho más difícil de poner en práctica, así que la formación de los operadores del código es muy importante y no puede haber error, por eso estamos trayendo profesores del extranjero, reconocidos en toda América Latina. Queremos formar operadores y multiplicadores.



OH!: ¿Por qué considera Usted especialmente importante este curso?

Las niñas, niños y adolescentes deben ser una prioridad absoluta, lo cual está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código boliviano. Esto significa que todo lo que es para el niño tiene que ser de primera calidad. Se trata de comprender, finalmente, lo que significa el paradigma de los derechos humanos que permea todo el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente. Estamos frente a un paradigma de protección integral que es garantía de derechos humanos y eso hay que introducirlo. Bolivia hizo dos esfuerzos anteriores al respecto, en 1992 y 1999, y ambos fueron fallidos.



OH!: De todos los problemas que vulneran a la niñez boliviana ¿Cuál considera que es el más preocupante?

Bolivia, como la mayoría de los países latinoamericanos carece de estadísticas confiables. Pero me preocupa el maltrato intrafamiliar. Y el Código nuevo trae un artículo específico que se llama el “derecho al buen trato”, que prohíbe los castigos físicos, violentos o humillantes. El castigo físico, y especialmente el maltrato psicológico, deja una marca horrorosa en el niño. La descalificación, los insultos quedan en el niño para siempre. Después este niño maltratado se convierte en un adulto maltratador, porque es un patrón, es un círculo vicioso: si mis padres me aman y me maltratan, está permitido. Si mi mamá me pega, eso debe ser bueno y es lo que haré con mis hijos. Otro tema que me preocupa mucho también es el derecho a la salud. Actualmente hay una cobertura muy pequeña de la salud. Antes la cobertura estatal llegaba sólo hasta los cinco años, pero en el nuevo Código está previsto que se extienda hasta los 18 años, lo cual exige un gran esfuerzo del Estado pero es una garantía fundamental.



OH!: ¿Cuáles son los cambios principales que se están incluyendo en este nuevo Código y por qué considera tan importante conocer acerca de él?

Primero es dar contenido a los derechos. El código del ´99, que es el que más se ha acercado a la Doctrina de la Protección Integral, declaraba que el niño tiene derechos a la salud, a la educación, a la participación, a ser oído y a expresar su opinión, etc., pero al no dotar de contenido a los derechos, uno no sabía qué garantizar. Ahora cada artículo del Código trae el derecho y qué significa, cuáles son los indicadores a considerar por quien vaya a garantizar ese derecho.



OH!: ¿Por qué considera que han fallado los dos intentos anteriores de hacer un Código más efectivo?

Por haber ratificado la Convención, cada país se compromete hasta lo máximo de sus posibilidades a tomar medidas administrativas, educativas y legislativas para hacer una realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A partir de la Convención, en 1989, comienza un movimiento mundial de reformas legislativas que pone cruz al modelo tutelar y lo sustituye por el modelo de protección integral o paradigma de los derechos humanos. Los países fueron entrando en el proceso en diferentes momentos, y todos los que lo hicieron inmediatamente como es el caso de Bolivia, han tenido que reformar después sus leyes porque no tuvieron tiempo de maduración suficiente para saber qué es lo que debería ir allí para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además faltó divulgación y capacitación de los operadores.



OH!: ¿Cuáles son las propuestas fundamentales?

Primero es dar contenido a cada uno de los derechos, que se van a interpretar de acuerdo a principios fundamentales que también están en el Código. Dichos principios son el interés superior del niño, la prioridad absoluta y la corresponsabilidad de los tres actores en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora ya no es sólo el Estado el garante de los derechos sino, la familia de forma prioritaria y la sociedad civil en su conjunto. Evidentemente este es un cambio definitivo porque las familias responden primero; y cuando ésta no tiene condiciones, el Estado entra a apoyarla con políticas públicas y con programas específicos e idóneos. Lo primero es que la familia se responsabilice por su hijo. Se trata de un cambio fundamental, que tiene un marco principista muy bien desarrollado en el Código. Después viene otro aspecto que es la creación de un Sistema de Protección, espacio privilegiado donde se garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahí se prevé quién garantiza los derechos, cómo se garantizan y qué pasa con el que no garantiza. El Sistema previsto en el Código es imperfecto pero significa un avance muy grande. Creo que todos los defectos que tiene el Código respecto al Sistema de Protección pueden ser subsanados a nivel de departamentos, ya que desde las autonomías se pueden tener leyes departamentales que suplan las fallas del Código.

Después, el salto cualitativo más importante es el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que antes se llamaban menores infractores. Ahí se introduce la responsabilidad penal disminuida del adolescente a partir de los 14 hasta los 18 años. No se ha bajado la imputabilidad del menor como se ha dicho, todo lo contrario, se ha elevado porque ahora se considera adulto, respondiendo plenamente ante la ley a partir de los 18 años.



OH!: Me dice que ahora es una triada a través del Estado, la familia y la sociedad civil, ¿esta sociedad está representada por quién?

El gran avance que significa la participación de la sociedad civil en la garantía de los derechos y, que se establece de forma consistente en la mayoría de los Códigos de la región, no se ha logrado mucho en Bolivia. El nuevo modelo implica que la sociedad participe en la toma de decisiones sobre las políticas públicas para la niñez y adolescencia y que ya no se limite a hacer caridad. Debe integrar los órganos donde se toman decisiones, para decidir al lado del Estado y con el Estado como se garantizan los derechos de la niñez, cuáles son las estrategias, etc. Esto no se ha logrado aun en Bolivia cuyo Sistema de Protección permanece fuertemente estatizado. Hay experiencias exitosas en otros países donde la sociedad participa en el diseño y control de las políticas públicas a través de órganos en los cuales están representados de formar paritaria los ministros de Estado y la sociedad civil.



OH!: ¿Por qué no se ha logrado en Bolivia?

Aquí no se ha logrado porque en el momento en que la propuesta legislativa llegó a la Asamblea, se dijo que ya había una Ley de Participación Popular que era suficiente, pero considero que eso no es cierto. Sin embargo creo que se pueden crear órganos departamentales paritarios donde hayan personas elegidas por la misma sociedad civil para que la represente, además de las autoridades. Los Estados suelen temer esta forma de participación pero se equivocan, porque cuando los derechos del niño no se respetan, el Estado carga sólo con esta responsabilidad, pero si comparte paritariamente con la sociedad, la responsabilidad se divide y es mucho más provechoso en todos los sentidos. Un Estado que realmente está comprometido a hacer de la niñez su prioridad, no teme a la sociedad civil.



Perfil
María Gracia Morais de Ramírez



Es venezolana, nacida en Brasil en 1948. Abogada, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y con estudios de Criminología y doctorales en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde el año 1976, su actividad docente y profesional se desarrolla en el área penal-penitenciaria. Es profesora titular jubilada de la Universidad Católica Andrés Bello, donde dictó, en el Pre y Postgrado las materias Penología, Criminología y Política Criminal y ejerció como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue directora de la Facultad de Derecho de la UCAB, de la Escuela de Formación del Personal Penitenciario y Coordinadora Nacional del Tratamiento no Institucional del Ministerio de Justicia. A partir del año 1996, se involucra con la elaboración, aprobación e implementación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) de Venezuela como responsable técnico de las actividades desarrolladas en virtud de los Convenios celebrados entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF y la Universidad Católica Andrés Bello - UCAB, y como coordinadora del equipo técnico redactor de la LOPNA. Es profesora de las materias "Sistema de Protección" y "Sanciones y Ejecución", en los Postgrados de la UCAB sobre Derechos del Niño. Ha publicado varios artículos sobre el particular y coordinado la publicación de nueve libros, producto de las Jornadas Anuales sobre la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, que desde el año 2000 se celebran en la UCAB, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es consultora de múltiples instituciones públicas como privadas en materias relacionadas con los derechos del niño. Asimismo, es consultora de UNICEF para orientar procesos de adecuación legislativa a la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito latinoamericano y para la capacitación de los operadores de las nuevas leyes, función ejercida en Venezuela, Ecuador, San Salvador y Bolivia.