Dos prácticas muy comunes, realizadas por algunos docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), fueron eliminadas de raíz con la Resolución Rectoral 224/17.
El artículo primero dice: “Queda terminantemente prohibida la organización y realización de seminarios, talleres y otros por parte de los docentes en sus correspondientes materias, que signifique cobros a estudiantes y que su desarrollo sea dentro o fuera de los ambientes universitarios”.
Al respecto, el secretario general de la UMSS, Néstor Guzmán, dijo que desde 2010, cuando dejó de funcionar el departamento de publicaciones, se hizo una práctica usual que algunos docentes realizaban actividades como seminarios o talleres como parte de la materia y lucraban con ello.
“En cada caso fue diferente, pero las quejas eran continuas, así como la venta de dossiers, textos y otras publicaciones”.
Para evitar estos cobros que generaban continuas quejas de los estudiantes se emitió el artículo segundo: “Queda terminantemente prohibida la venta de libros, textos, apuntes por parte de los docentes con el registro de nombre de estudiantes que adquieran tales bienes, el docente deberá ver algún mecanismo de depósito de su producción intelectual, ya sea en la imprenta o editorial universitaria u otro punto de venta de libros que se registran en ambientes universitarios”.
Estas determinaciones rectorales que fueron emitidas el 15 de marzo, tuvieron reacciones inmediatas en las redes sociales universitarias. En la mayoría de los casos, los estudiantes aplaudían esta decisión porque muchos docentes, aprovechando su condición de educadores, “obligaban” a los universitarios a asistir a los talleres o seminarios por nota o cobrando dinero para su “propio bolsillo”.
En otros casos, los estudiantes observan con escepticismo esta medida y dicen que es un “saludo a la bandera”. “Ojalá se cumpla”, dicen algunos.
Sin embargo, el incumplimiento a estas resoluciones tiene una pena vinculada a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en el artículo 146 del Código Penal. Señala una pena de tres a ocho años de cárcel a quienes se beneficien aprovechándose del cargo que ostentan.
El secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Wilber Mejía, dijo que esta medida aún no se ha socializado, tampoco se ha tratado en el Consejo Universitario. “Cada caso es particular, no todos los docentes hacían eso, aunque algunos sí obligan a comprar sus libros. Hay que hablar bien”.
El dirigente estudiantil dijo que se va a socializar y hablar del tema en los siguientes días.
SIETE AÑOS El Secretario General recalcó que esta práctica se volvió muy común desde hace siete años, pero a partir de esta resolución todo está cambiando.
“No es que se prohíba los seminarios, lo que se prohíbe es el lucro personal con ello. Se pueden seguir haciendo talleres, pero se debe pedir permiso a las instancias correspondientes y el dinero recaudado debe pasar al Tesoro de la universidad”.
Para hacer cumplir estas resoluciones pidió a los estudiantes denunciar las irregularidades y que posteriormente pase el caso al Ministerio Público bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Se procederá a sola denuncia”.
146
Del Código Penal
Este artículo dice: “...el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años...”
En privadas es institucional
El rector de la Universidad Católica Boliviana (UCB) regional Cochabamba, Alfonso Vía Reque, dijo: “en la Católica todo es institucional. No es ni de un grupo ni de una persona”.
Si hay un taller, un seminario, conferencia, etc. todo pasa por las arcas de la institución. Nada es de un profesor. Este puede organizar muchas cosas, pero lo hace con el permiso del directorio y se vuelve institucional y ningún docente tiene la potestad de vender sus trabajos sean estos textos o artículos. Esto se hace de manera institucional. Por otro lado, la vicerrectora de Interacción Social de la Univalle, Sandra Ruíz Ostria, aseguró que las actividades propuestas son institucionales y las organiza el Vicerrectorado de Interacción Social, con propuestas de las direcciones académicas de departamento. “Los docentes de forma particular no organizan ninguna actividad y mucho menos cobran directo a los participantes”.
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