El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó ayer frenar el ingreso presuntamente irregular de 54 postulantes a la Universidad Policial (Unipol). Explicó que la Policía le informó que esa institución aplicó un “plan piloto” para que algunos postulantes de “origen rural”, que no habían alcanzado la nota mínima exigida para ingresar a Unipol, pudieran hacerlo a través de ese mecanismo, debido a que los aspirantes del área rural están en desventaja académica con respecto a sus pares de las ciudades.
“He pedido al comandante de la Policía (Jorge Santiesteban) y al rector de la Unipol (José Piérola) que para evitar cualquier tipo de susceptibilidades dejen sin efecto ese plan piloto”, aseguró Romero a los periodistas.
Esta autoridad dijo que la institución policial le informó que aplicó el mecanismo por analogía a lo que se hace en las Fuerzas Armadas (FFAA), donde existe un plan de la misma naturaleza, además de seguir los procedimientos legales del caso.
El pasado jueves, Página Siete informó que la Unipol autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento ni aprobación de la Comisión de Máxima Instancia, que está conformada por los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, entidades que deben participar en la selección de los aspirantes.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo; el ministro de Educación, Roberto Aguilar, y el viceministro de Salud, Martín Maturano informaron que no tenían conocimiento sobre la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a Unipol.
Ayer, el ministro Romero aseguró que su persona tampoco tenía “conocimiento pleno”, del “plan piloto” que favoreció a los 54 postulantes.
“No van a ingresar. Lamentablemente no es un tema que yo tenía conocimiento pleno porque se arrastraba una gestión de antes de que yo asuma el ministerio de Gobierno y si bien me han mostrado que tienen todos los respaldos legales y procedimentales, tiene el dictamen jurídico y todo esto del Concejo Académico de la Unipol, yo he pedido esta mañana al comandante, y él ha coincidido, en que este plan no vaya para evitar cualquier tipo de susceptibilidades y suspicacias”, reiteró el ministro Romero.
La autoridad informó que sobre supuestas irregularidades en la admisión de postulantes a la Unipol sólo hay una denuncia oficial en el Ministerio de Transparencia interpuesta por Raúl Morales Paz, pero que su cédula expedida en Cochabamba, pertenece a Silvia Clemencia Sanga de La Paz. Algo que causa “sospecha” y pidió que se investigue.
Además, Romero pidió que las denuncias sobre supuestas irregularidades sean formalizadas como debe ser, ya sea al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Transparencia o a otras instancias correspondientes.
Los hechos
El caso El pasado jueves se informó que la Unipol autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento de la Comisión de Máxima Instancia.
Función El trabajo de esta comisión, que aglutina a los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Transparencia, se creó para evitar que los postulantes a la Unipol paguen por ingresar a esta entidad como lo hacían en el pasado.
Sin conocimiento Los ministerios de Transparencia, Educación y Salud indicaron que no conocían sobre la autorización de los 54 aspirantes.
Sin efecto Ayer el ministro Carlos Romero pidió a la Policía dejar sin efecto el ingreso de los 54 postulantes.
lunes, 9 de abril de 2012
Aprehenden a dos sujetos acusados de "cobros irregulares" en Unipol
El Gobierno, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó la mañana de hoy una "acción directa" en la Universidad Policial (Unipol) y la Academia de Policías, después de que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción recibió una denuncia sobre "cobros irregulares" para el ingreso de 54 postulantes, informó Erbol.
"Los ministerios de Transparencia (y de) Gobierno ejecutaron una acción directa junto a instancias operativas del Ministerio Público, en la Universidad Policial UNIPOL y la Academia de Policías, puesto que desde el pasado 27 de marzo, se aguarda información, solicitada de manera oficial, respecto a la denuncia recibida por (Anticorrupción) sobre presuntos cobros irregulares, para el ingreso de 54 postulantes a la Academia Nacional de Policías", indica un comunicado prensa del gobierno.
El documento indica que en las próximas horas se darán a conocer los resultados de esta acción directa, debido a que por determinación del Ministerio Público se procedió a la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas, que ahora deberán prestar su declaración informativa, ante la autoridad competente.
El pasado jueves, Página Siete informó que la Unipol autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento ni aprobación de la Comisión de Máxima Instancia, que está conformada por los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, entidades que deben participar en la selección de los aspirantes.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo; el ministro de Educación, Roberto Aguilar, y el viceministro de Salud, Martín Maturano informaron que no tenían conocimiento sobre la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a Unipol.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que su persona tampoco tenía “conocimiento pleno”, del “plan piloto” que favoreció a los 54 postulantes.
Romero ordenó ayer frenar el ingreso presuntamente irregular de 54 postulantes a la Universidad Policial (Unipol).
Explicó que la Policía le informó que esa institución aplicó un “plan piloto” para que algunos postulantes de “origen rural”, que no habían alcanzado la nota mínima exigida para ingresar a Unipol, pudieran hacerlo a través de ese mecanismo, debido a que los aspirantes del área rural están en desventaja académica con respecto a sus pares de las ciudades.
"Los ministerios de Transparencia (y de) Gobierno ejecutaron una acción directa junto a instancias operativas del Ministerio Público, en la Universidad Policial UNIPOL y la Academia de Policías, puesto que desde el pasado 27 de marzo, se aguarda información, solicitada de manera oficial, respecto a la denuncia recibida por (Anticorrupción) sobre presuntos cobros irregulares, para el ingreso de 54 postulantes a la Academia Nacional de Policías", indica un comunicado prensa del gobierno.
El documento indica que en las próximas horas se darán a conocer los resultados de esta acción directa, debido a que por determinación del Ministerio Público se procedió a la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas, que ahora deberán prestar su declaración informativa, ante la autoridad competente.
El pasado jueves, Página Siete informó que la Unipol autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento ni aprobación de la Comisión de Máxima Instancia, que está conformada por los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, entidades que deben participar en la selección de los aspirantes.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo; el ministro de Educación, Roberto Aguilar, y el viceministro de Salud, Martín Maturano informaron que no tenían conocimiento sobre la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a Unipol.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que su persona tampoco tenía “conocimiento pleno”, del “plan piloto” que favoreció a los 54 postulantes.
Romero ordenó ayer frenar el ingreso presuntamente irregular de 54 postulantes a la Universidad Policial (Unipol).
Explicó que la Policía le informó que esa institución aplicó un “plan piloto” para que algunos postulantes de “origen rural”, que no habían alcanzado la nota mínima exigida para ingresar a Unipol, pudieran hacerlo a través de ese mecanismo, debido a que los aspirantes del área rural están en desventaja académica con respecto a sus pares de las ciudades.
Jóvenes eligen profesión según donde residen
Entre las carreras menos demandadas están psicología, turismo y economía.
Los jóvenes paceños del área rural tienen aspiraciones muy diferentes a las de los que viven en el centro urbano o de los que residen en zonas periféricas, ya que unos prefieren ser maestros, mientras que los otros eligen entre medicina e ingeniería. Un 20 por ciento de los adolescentes no sabe qué profesión estudiará.
Opciones para los jóvenes. La investigación Trabajo y Empleo, que refleja las condiciones de trabajo de los adolescentes y jóvenes entre los 15 a 30 años y sus expectativas laborales en el municipio de La Paz, recogió la opinión de este grupo etario en los ocho macrodistritos del municipio, en los que se nota la diferencia de opiniones sobre las profesiones que seguirán.
Existen amplias diferencias entre algunas áreas urbanas. Por ejemplo, en el macrodistrito Centro, el 50 por ciento de los jóvenes consultados quiere ser ingeniero, en cambio, en el macrodistrito Hampaturi, que representa el área rural del municipio paceño, el 48 por ciento piensa estudiar para ser maestro.
Excepto en este macrodistrito, en ningún otro del área urbana algún joven manifestó su interés por esta profesión.
Entre los datos hallados también se destaca que en el macrodistrito San Antonio, la mayoría de los jóvenes, el 58 por ciento, no sabe qué carrera elegirá, tal como sucede en Mallasa, donde los indecisos llegan al 42 por ciento. Sin embargo, en esta región, el 36 por ciento dijo que optará por una carrera técnica.
Si bien en el municipio, señala la investigación, existen varios programas de capacitación técnica, los jóvenes siguen apuntando a las carreras universitarias “pese a que el empresariado boliviano y paceño sostiene que se requiere personal con competencias claras y concretas, que no gocen necesariamente de un diploma universitario”.
En el macrodistrito Sur, por otra parte, la mayoría (36 por ciento) no tiene definida su profesión, pero entre los que la eligieron, un gran número (25 por ciento) quiere ser abogado o comunicador social (20,4 por ciento).
Las carreras MENOS INTERESaNTES. Los resultados generales arrojan que entre las doce opciones de profesionalización propuestas por el estudio, los jóvenes paceños se inclinaron más por ingeniería, la profesión fue elegida como opción por el 23 por ciento de los encuestados.
A esta opción le sigue el 20,6 por ciento de indecisos y el 19 por ciento de quienes aspiran a ingresar a la universidad para seguir la carrera de medicina.
El resto de las carreras tienen muchos menos aspirantes. Por ejemplo, las profesiones técnicas atraen sólo a uno de cada diez jóvenes paceños. Les sigue arquitectura, con el 7 por ciento de aspirantes.
Llama la atención que una carrera tan requerida en otras épocas, como Derecho, ahora le interese solamente al 3,8 por ciento de los estudiantes, comparada sólo con el número de jóvenes que pretende ingresar a la universidad policial, el 3,7 por ciento.
El 2,5 por ciento manifestó que quiere ser militar, y el 3 por ciento pretende graduarse como comunicador. Las carreras menos anheladas son psicología, con el 0,4 por ciento; turismo, 0,6 por ciento, y economía, con el 1,7 por ciento.
8 de cada 100 jóvenes señalan que debe crearse una norma que obligue a las empresas a contratarlos.
Aún falta orientación vocacional. La investigación Trabajo y Empleo Juvenil señala que persiste la desorientación entre los jóvenes en cuanto “a la dinámica del mercado y sus tendencias”, lo que también explica las dificultades de acceso al empleo.
Los criterios de elección de carreras universitarias y técnicas no están matizados por conceptos prácticos relacionados con el mercado laboral.
Se subvalora la formación técnica. El documento afirma que en esto influye la mentalidad colonial de la sociedad expresada en la subvaloración de las competencias técnicas. Este hecho se refleja, por ejemplo, en las diferencias salariales y el menor reconocimiento de estas habilidades.
81 por ciento de los jóvenes no conoce los derechos laborales. En los macrodistritos Mallasa y Hampaturi, la cifra llega al 100 por ciento.
39 por ciento señala que la solución al desempleo es que los gobernantes creen más empresas y generen más fuentes de empleo.
22 por ciento de los menores consultados señaló que urge capacitar a los jóvenes para que accedan a empleos dignos.
Los jóvenes paceños del área rural tienen aspiraciones muy diferentes a las de los que viven en el centro urbano o de los que residen en zonas periféricas, ya que unos prefieren ser maestros, mientras que los otros eligen entre medicina e ingeniería. Un 20 por ciento de los adolescentes no sabe qué profesión estudiará.
Opciones para los jóvenes. La investigación Trabajo y Empleo, que refleja las condiciones de trabajo de los adolescentes y jóvenes entre los 15 a 30 años y sus expectativas laborales en el municipio de La Paz, recogió la opinión de este grupo etario en los ocho macrodistritos del municipio, en los que se nota la diferencia de opiniones sobre las profesiones que seguirán.
Existen amplias diferencias entre algunas áreas urbanas. Por ejemplo, en el macrodistrito Centro, el 50 por ciento de los jóvenes consultados quiere ser ingeniero, en cambio, en el macrodistrito Hampaturi, que representa el área rural del municipio paceño, el 48 por ciento piensa estudiar para ser maestro.
Excepto en este macrodistrito, en ningún otro del área urbana algún joven manifestó su interés por esta profesión.
Entre los datos hallados también se destaca que en el macrodistrito San Antonio, la mayoría de los jóvenes, el 58 por ciento, no sabe qué carrera elegirá, tal como sucede en Mallasa, donde los indecisos llegan al 42 por ciento. Sin embargo, en esta región, el 36 por ciento dijo que optará por una carrera técnica.
Si bien en el municipio, señala la investigación, existen varios programas de capacitación técnica, los jóvenes siguen apuntando a las carreras universitarias “pese a que el empresariado boliviano y paceño sostiene que se requiere personal con competencias claras y concretas, que no gocen necesariamente de un diploma universitario”.
En el macrodistrito Sur, por otra parte, la mayoría (36 por ciento) no tiene definida su profesión, pero entre los que la eligieron, un gran número (25 por ciento) quiere ser abogado o comunicador social (20,4 por ciento).
Las carreras MENOS INTERESaNTES. Los resultados generales arrojan que entre las doce opciones de profesionalización propuestas por el estudio, los jóvenes paceños se inclinaron más por ingeniería, la profesión fue elegida como opción por el 23 por ciento de los encuestados.
A esta opción le sigue el 20,6 por ciento de indecisos y el 19 por ciento de quienes aspiran a ingresar a la universidad para seguir la carrera de medicina.
El resto de las carreras tienen muchos menos aspirantes. Por ejemplo, las profesiones técnicas atraen sólo a uno de cada diez jóvenes paceños. Les sigue arquitectura, con el 7 por ciento de aspirantes.
Llama la atención que una carrera tan requerida en otras épocas, como Derecho, ahora le interese solamente al 3,8 por ciento de los estudiantes, comparada sólo con el número de jóvenes que pretende ingresar a la universidad policial, el 3,7 por ciento.
El 2,5 por ciento manifestó que quiere ser militar, y el 3 por ciento pretende graduarse como comunicador. Las carreras menos anheladas son psicología, con el 0,4 por ciento; turismo, 0,6 por ciento, y economía, con el 1,7 por ciento.
8 de cada 100 jóvenes señalan que debe crearse una norma que obligue a las empresas a contratarlos.
Aún falta orientación vocacional. La investigación Trabajo y Empleo Juvenil señala que persiste la desorientación entre los jóvenes en cuanto “a la dinámica del mercado y sus tendencias”, lo que también explica las dificultades de acceso al empleo.
Los criterios de elección de carreras universitarias y técnicas no están matizados por conceptos prácticos relacionados con el mercado laboral.
Se subvalora la formación técnica. El documento afirma que en esto influye la mentalidad colonial de la sociedad expresada en la subvaloración de las competencias técnicas. Este hecho se refleja, por ejemplo, en las diferencias salariales y el menor reconocimiento de estas habilidades.
81 por ciento de los jóvenes no conoce los derechos laborales. En los macrodistritos Mallasa y Hampaturi, la cifra llega al 100 por ciento.
39 por ciento señala que la solución al desempleo es que los gobernantes creen más empresas y generen más fuentes de empleo.
22 por ciento de los menores consultados señaló que urge capacitar a los jóvenes para que accedan a empleos dignos.
domingo, 8 de abril de 2012
El defensor del Pueblo pedirá información sobre 54 cadetes
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer que pedirá información al Ministerio de Gobierno y al comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, sobre el ingreso presuntamente irregular de 54 nuevos cadetes a la Universidad Policial (Unipol).
“Nosotros vamos a tomar acciones a partir del día lunes, vamos a pedir que se nos informe para conocer de primera fuente qué es lo que ha acontecido. De confirmarse estas irregularidades, sería deplorable, porque una vez más la Policía estaría incurriendo en una falta gravísima”, aseguró Villena.
Una resolución del 9 de febrero de 2012, firmada por el coronel José Piérola, rector de la Unipol, presuntamente autorizó el ingreso de 54 bachilleres por orden de Santiesteban.
Esta última autoridad, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Página Siete, envió el 6 de febrero un oficio en el que instruye “tomar previsiones para el cumplimiento de la necesidad de incorporar a la facultad de ciencias policiales a jóvenes de ambos sexos en un programa piloto de incorporación de bachilleres interculturales”.
La Policía no se ha pronunciado al respecto, pese a los requerimientos de éste y otros medios de comunicación. El pasado martes, el general Santiesteban se excusó de dar declaraciones y Piérola dijo que no puede hablar sin la autorización respectiva de sus superiores.
El jueves, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó que la Comisión de Máxima Instancia, que debe participar en la selección de los postulantes -y de la cual forman parte su ministerio, como los de Gobierno, Salud y Educación-, desconocía “absolutamente” la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a través del “programa de bachilleres interculturales”, firmada por el coronel Piérola.
Suxo pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes y adelantó que cuando la reciba, la transferirá al Ministerio Público, entidad a la que le corresponde iniciar una investigación.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo en la semana que su despacho no participó en la evaluación y selección de los cadetes de la Unipol y desconocía de la aparición de 54 postulantes cuestionados.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, aseguró ayer que el Ministerio de Salud no tiene “conocimiento” sobre los 54 postulantes. “Tampoco podríamos decir si son irregulares o no, porque podría tratarse también de parte de ese grupo que ha sido admitido, posterior a la evaluación que han tenido”, dijo.
Julia Ramos, coordinadora del Pacto de Unidad, rechazó que sectores campesinos e indígenas aglutinados en esa plataforma hayan enviado una lista de nombres para su ingreso a la Unipol.
La dirigente adelantó que la organización que representa pedirá una investigación, para ver si es que existen irregularidades y cobros adicionales a los postulantes, bajo la excusa de un programa que debería beneficiar a diversos sectores sociales.
“El hecho de que el señor comandante de la Policía, el general Santisteban, estaría implicado, eso es un asunto que reviste muchísima gravedad”, aseveró Villena, quien comentó que las normas se han cambiado para que se eviten precisamente este tipo de irregularidades.
Todavía falta investigar
El jueves pasado, Página Siete informó que la Universidad Policial autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento de los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, como lo establece la normativa.
Estos ministerios forman parte de la Comisión de Máxima Instancia, que se creó para evitar que los postulantes eroguen dinero por ingresar a esta entidad de formación, como sucedía en el pasado. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes mencionados.
El 5 de febrero, la comisión calificadora del proceso de admisión publicó en El Diario la lista de los postulantes a la Unipol. Es una nómina de 456 personas aprobadas. No obstante, según Oxígeno, la Unipol tiene un registró de 499 cadetes inscritos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aclaró que la Defensoría no forma parte de “esa instancia máxima de admisión”. Según la autoridad, se desestimó esto porque intuyeron que de representarse alguna irregularidad serían juez y parte en temas como éstos.
“Al no ser parte, nos reservamos el derecho para conocer estos casos y una vez conocidos, pedir la investigación que amerita”.
“Nosotros vamos a tomar acciones a partir del día lunes, vamos a pedir que se nos informe para conocer de primera fuente qué es lo que ha acontecido. De confirmarse estas irregularidades, sería deplorable, porque una vez más la Policía estaría incurriendo en una falta gravísima”, aseguró Villena.
Una resolución del 9 de febrero de 2012, firmada por el coronel José Piérola, rector de la Unipol, presuntamente autorizó el ingreso de 54 bachilleres por orden de Santiesteban.
Esta última autoridad, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Página Siete, envió el 6 de febrero un oficio en el que instruye “tomar previsiones para el cumplimiento de la necesidad de incorporar a la facultad de ciencias policiales a jóvenes de ambos sexos en un programa piloto de incorporación de bachilleres interculturales”.
La Policía no se ha pronunciado al respecto, pese a los requerimientos de éste y otros medios de comunicación. El pasado martes, el general Santiesteban se excusó de dar declaraciones y Piérola dijo que no puede hablar sin la autorización respectiva de sus superiores.
El jueves, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó que la Comisión de Máxima Instancia, que debe participar en la selección de los postulantes -y de la cual forman parte su ministerio, como los de Gobierno, Salud y Educación-, desconocía “absolutamente” la autorización para el ingreso de los 54 postulantes a través del “programa de bachilleres interculturales”, firmada por el coronel Piérola.
Suxo pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes y adelantó que cuando la reciba, la transferirá al Ministerio Público, entidad a la que le corresponde iniciar una investigación.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo en la semana que su despacho no participó en la evaluación y selección de los cadetes de la Unipol y desconocía de la aparición de 54 postulantes cuestionados.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, aseguró ayer que el Ministerio de Salud no tiene “conocimiento” sobre los 54 postulantes. “Tampoco podríamos decir si son irregulares o no, porque podría tratarse también de parte de ese grupo que ha sido admitido, posterior a la evaluación que han tenido”, dijo.
Julia Ramos, coordinadora del Pacto de Unidad, rechazó que sectores campesinos e indígenas aglutinados en esa plataforma hayan enviado una lista de nombres para su ingreso a la Unipol.
La dirigente adelantó que la organización que representa pedirá una investigación, para ver si es que existen irregularidades y cobros adicionales a los postulantes, bajo la excusa de un programa que debería beneficiar a diversos sectores sociales.
“El hecho de que el señor comandante de la Policía, el general Santisteban, estaría implicado, eso es un asunto que reviste muchísima gravedad”, aseveró Villena, quien comentó que las normas se han cambiado para que se eviten precisamente este tipo de irregularidades.
Todavía falta investigar
El jueves pasado, Página Siete informó que la Universidad Policial autorizó el ingreso de 54 postulantes sin el conocimiento de los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia, como lo establece la normativa.
Estos ministerios forman parte de la Comisión de Máxima Instancia, que se creó para evitar que los postulantes eroguen dinero por ingresar a esta entidad de formación, como sucedía en el pasado. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, pidió información a la Policía sobre un supuesto cobro de 5.000 dólares a cada uno de los 54 postulantes mencionados.
El 5 de febrero, la comisión calificadora del proceso de admisión publicó en El Diario la lista de los postulantes a la Unipol. Es una nómina de 456 personas aprobadas. No obstante, según Oxígeno, la Unipol tiene un registró de 499 cadetes inscritos.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aclaró que la Defensoría no forma parte de “esa instancia máxima de admisión”. Según la autoridad, se desestimó esto porque intuyeron que de representarse alguna irregularidad serían juez y parte en temas como éstos.
“Al no ser parte, nos reservamos el derecho para conocer estos casos y una vez conocidos, pedir la investigación que amerita”.
Alumnos de la Udabol estudian sitios arqueológicos de San Pedro de Totora
Los alumnos de la carrera de Turismo de la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol), se instalaron por tres días en la provincia San Pedro de Totora, con el pleno interés de estudiar la cultura, tradiciones y sobre todo los sitios arqueológicos del municipio de Totora, como parte de su currículo.
Alrededor de 30 estudiantes de Udabol, experimentaron la emoción de conocer a través de vestigios la historia de esta parte del territorio, que data de la época en que los conquistadores y colonos decidieron fundar ciudades y establecerse en ellas, pero su necesidad de educar en el dogma del cristianismo a los indígenas fue tal que construyeron iglesias para adorar a las imágenes que representan a la Virgen María y a los santos que se mencionan en la Biblia.
En ese entendido, el docente de la delegación, Maurice Cazorla, dijo que las ruinas que se encontraron en Totora, como la Iglesia, tiene una característica diferente a las demás iglesias que se encuentran en Oruro, ya que después del Concilio en Alto Perú, se construyen los templos en forma de cruz latina, pero la Basílica de San Pedro de Totora, está constituida sobre un arco toral.
Este templo fue construido en el siglo XVI, anterior al de Curahuara de Carangas, que es una de las iglesias más hermosas del altiplano. El proceso de evangelización estuvo a cargo de los Agustinos, junto con las misiones encontradas en Challacollo, Toledo, Paria, Totora y Curahuara de Carangas.
Esta es una de las obras que queda del proceso renacentista en el siglo XVI; según la investigación que realizó Milton Huayta, esta iglesia data de 1545, es decir 10 años después de haberse establecido los españoles en el territorio.
Asimismo, se conoció varios lagos, por ejemplo el lago Parcojota, Chojñacota, Calacalani, Cruz Puju, las cuales cuentan con una fauna preciosa. Desde el punto de vista arqueológico los Chulpares de Tutacachi y Yaraque, más conocida como la Casa del Inca, que cuenta con siete metros de alto y cinco metros de ancho.
Alrededor de 30 estudiantes de Udabol, experimentaron la emoción de conocer a través de vestigios la historia de esta parte del territorio, que data de la época en que los conquistadores y colonos decidieron fundar ciudades y establecerse en ellas, pero su necesidad de educar en el dogma del cristianismo a los indígenas fue tal que construyeron iglesias para adorar a las imágenes que representan a la Virgen María y a los santos que se mencionan en la Biblia.
En ese entendido, el docente de la delegación, Maurice Cazorla, dijo que las ruinas que se encontraron en Totora, como la Iglesia, tiene una característica diferente a las demás iglesias que se encuentran en Oruro, ya que después del Concilio en Alto Perú, se construyen los templos en forma de cruz latina, pero la Basílica de San Pedro de Totora, está constituida sobre un arco toral.
Este templo fue construido en el siglo XVI, anterior al de Curahuara de Carangas, que es una de las iglesias más hermosas del altiplano. El proceso de evangelización estuvo a cargo de los Agustinos, junto con las misiones encontradas en Challacollo, Toledo, Paria, Totora y Curahuara de Carangas.
Esta es una de las obras que queda del proceso renacentista en el siglo XVI; según la investigación que realizó Milton Huayta, esta iglesia data de 1545, es decir 10 años después de haberse establecido los españoles en el territorio.
Asimismo, se conoció varios lagos, por ejemplo el lago Parcojota, Chojñacota, Calacalani, Cruz Puju, las cuales cuentan con una fauna preciosa. Desde el punto de vista arqueológico los Chulpares de Tutacachi y Yaraque, más conocida como la Casa del Inca, que cuenta con siete metros de alto y cinco metros de ancho.
IDIF y el instituto de “U” policial realizan pruebas genéticas
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITUP-Unipol), ambos en La Paz, tienen la tecnología y los especialistas para realizar exámenes genéticos que permitan , por ejemplo, dilucidar dudas respecto a la paternidad. Ambos laboratorios atienden solicitudes privadas.
La prueba del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) consiste en recuperar el material genético de la sangre o, para los menores de diez años, del raspado del tejido interno de la mejilla y así obtener perfiles de la identidad genética de la persona y compararla con la de otra, si es que se busca una prueba de paternidad.
“Se saca una toma de muestra (...) y 15 días después entregamos el resultado”, explicó el encargado del Centro de Investigación Genética del IITUP, Rudy Luna. El centro de investigación de la Unipol fue creado el 2008 y recibe al mes 20 pedidos de exámenes de ADN.
Desde 2002, el IDIF realiza ese tipo de estudios. “Atiende las demandas de todo el país con un solo especialista en genética y su asistente”, señaló el coordinador del instituto, José Daza.
Las pruebas
“En el IITUP hacemos este tipo de estudios. Normalmente recibimos solicitudes particulares y el estudio se realiza a tres personas: al padre, la madre y el hijo en cuestión, ya que es importante tomar la muestra a las tres personas”, explicó Luna.
El examen cuesta 1.400 bolivianos, que cubre los insumos y reactivos utilizados en la prueba. Si la persona necesitara un cotejo genético, el costo llega a 420 bolivianos por cada comparación.
Las solicitudes que recibe el IITUP son a requerimiento fiscal, pero además de particulares.
En la Unipol el examen de ADN se realiza también a particulares. “Basta una nota que presenta el interesado y nosotros realizamos el estudio y lo presentamos igual que un informe bajo la responsabilidad de esta persona y obviamente la información es confidencial”, dijo Luna
“Nuestro servicio también implica el diagnóstico de algunos síndromes y empezamos con el Down. Podemos detectar este síndrome con la misma tecnología que aplicamos para paternidad. Es mucho más rápido”, explicó Luna.
En algunos casos, el centro de investigación genética realiza contrapericias, es decir que “los trabajos realizados por el IDIF, por alguna razón las partes creen que deben ser evaluados por segunda vez”, dijo Luna.
Se reciben mensualmente al menos 40 casos por requerimiento fiscal, aunque el Código de Procedimiento Penal manda a la Fiscalía a recurrir al IDIF. Al mes se recibe un promedio de 20 casos de ADN.
El IDIF realiza alrededor de 60 estudios de ADN al mes con requerimiento fiscal.
El examen entre padre e hijo cuesta 1.400 bolivianos. Si se requiere una muestra de la madre se deben aumentar 600. Si además se realiza a los hermanos del menor se paga 800 bolivianos por cada persona.
Daza señaló que hay demora en la entrega de los resultados por al falta de personal en el laboratorio, aunque ponderó la emisión de resultados en tiempos prudentes. El instituto cuenta con un solo especialista.
“Esta situación (de un solo especialista) se subsanaría en gran medida si tuviésemos el personal adecuado y se podría procesar en un tiempo oportuno”, manifestó Daza.
Laboratorio de Unipol
El centro de investigación genética, dependiente de la Unipol, al margen de realizar estudios periciales desarrolla proyectos de investigación científica y de formación académica.
Hay 12 estudiantes de pregrado y postgrado que se forman y cooperan en secciones de genética forense, genética evolutiva, genética médica, genómica y epidemiología molecular.
La Fiscalía General prevé instalar minilaboratorios para poder suplir y fortalecer al IDIF respecto al estudio de ADN, informó el médico forense del IDIF.
El IITUP-Uniopol además tiene proyectos investigativos que desarrolló sobre pueblos los indígenas, pruebas a cepas resistentes de la tuberculosis, entre otros aportes científicos.
La prueba del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) consiste en recuperar el material genético de la sangre o, para los menores de diez años, del raspado del tejido interno de la mejilla y así obtener perfiles de la identidad genética de la persona y compararla con la de otra, si es que se busca una prueba de paternidad.
“Se saca una toma de muestra (...) y 15 días después entregamos el resultado”, explicó el encargado del Centro de Investigación Genética del IITUP, Rudy Luna. El centro de investigación de la Unipol fue creado el 2008 y recibe al mes 20 pedidos de exámenes de ADN.
Desde 2002, el IDIF realiza ese tipo de estudios. “Atiende las demandas de todo el país con un solo especialista en genética y su asistente”, señaló el coordinador del instituto, José Daza.
Las pruebas
“En el IITUP hacemos este tipo de estudios. Normalmente recibimos solicitudes particulares y el estudio se realiza a tres personas: al padre, la madre y el hijo en cuestión, ya que es importante tomar la muestra a las tres personas”, explicó Luna.
El examen cuesta 1.400 bolivianos, que cubre los insumos y reactivos utilizados en la prueba. Si la persona necesitara un cotejo genético, el costo llega a 420 bolivianos por cada comparación.
Las solicitudes que recibe el IITUP son a requerimiento fiscal, pero además de particulares.
En la Unipol el examen de ADN se realiza también a particulares. “Basta una nota que presenta el interesado y nosotros realizamos el estudio y lo presentamos igual que un informe bajo la responsabilidad de esta persona y obviamente la información es confidencial”, dijo Luna
“Nuestro servicio también implica el diagnóstico de algunos síndromes y empezamos con el Down. Podemos detectar este síndrome con la misma tecnología que aplicamos para paternidad. Es mucho más rápido”, explicó Luna.
En algunos casos, el centro de investigación genética realiza contrapericias, es decir que “los trabajos realizados por el IDIF, por alguna razón las partes creen que deben ser evaluados por segunda vez”, dijo Luna.
Se reciben mensualmente al menos 40 casos por requerimiento fiscal, aunque el Código de Procedimiento Penal manda a la Fiscalía a recurrir al IDIF. Al mes se recibe un promedio de 20 casos de ADN.
El IDIF realiza alrededor de 60 estudios de ADN al mes con requerimiento fiscal.
El examen entre padre e hijo cuesta 1.400 bolivianos. Si se requiere una muestra de la madre se deben aumentar 600. Si además se realiza a los hermanos del menor se paga 800 bolivianos por cada persona.
Daza señaló que hay demora en la entrega de los resultados por al falta de personal en el laboratorio, aunque ponderó la emisión de resultados en tiempos prudentes. El instituto cuenta con un solo especialista.
“Esta situación (de un solo especialista) se subsanaría en gran medida si tuviésemos el personal adecuado y se podría procesar en un tiempo oportuno”, manifestó Daza.
Laboratorio de Unipol
El centro de investigación genética, dependiente de la Unipol, al margen de realizar estudios periciales desarrolla proyectos de investigación científica y de formación académica.
Hay 12 estudiantes de pregrado y postgrado que se forman y cooperan en secciones de genética forense, genética evolutiva, genética médica, genómica y epidemiología molecular.
La Fiscalía General prevé instalar minilaboratorios para poder suplir y fortalecer al IDIF respecto al estudio de ADN, informó el médico forense del IDIF.
El IITUP-Uniopol además tiene proyectos investigativos que desarrolló sobre pueblos los indígenas, pruebas a cepas resistentes de la tuberculosis, entre otros aportes científicos.
sábado, 7 de abril de 2012
Universitarios inician huelga en Entre Ríos en plena Semana Santa
La exigencia de los huelguistas es que el primer ejecutivo de la FUL llegue a esa localidad para solucionar el conflicto. Hoy se cumple el cuarto día de ayuno voluntario y no se levanta la medida hasta tener respuesta.
Víctor Espinoza
Unos 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), se encuentran cumpliendo desde el miércoles en la tarde una huelga de hambre, pidiendo la renuncia de la actual dirigencia del Centro de Estudiantes, para lo cual exigen la presencia del primer ejecutivo de de la Federación Universitaria Local (FUL) en Entre Ríos.
La presidente del Comité Huelga, Frida Lozano explicó que los diez primeros estudiantes que ingresaron a la extrema medida, esperan que el primer ejecutivo de la FUL se haga presente en Entre Ríos para que se busque una solución, por lo que mantienen el ayuno estos días feriados.
“Esto lo estamos haciendo por el incumplimiento de sus compromisos hacia nosotros, ya no nos toman en cuenta como estudiantes, no consultan para hacer las cosas y en realidad no atienden nuestras necesidades desde el año pasado hasta la fecha”.
La estudiante dejó en claro que no van a levantar el ayuno hasta que el ejecutivo de la FUL se haga presente y se pueda desconocer al Centro de Estudiantes, además que criticó que hace mucho tiempo no se hace presente el dirigente de los universitarios del departamento en ese Municipio.
Las observaciones que plantean los estudiantes de la carrera, son que se detectaron una serie de irregularidades desde el año pasado, no se cumplen las exigencias de los alumnos, no convocan a una asamblea de estudiantes para informar de la realidad de la carrera, tampoco se concretó el pedido de auto nivelación en algunas materias que se dejan o abandonan.
“Como estudiantes tenemos que hacer esos trámites y es un poco difícil, perdemos cursos de verano. Hemos hecho ese pedido, perdimos nuestras matrículas los mejores estudiantes por falta de la decisión del centro de estudiantes de acá”.
En Entre Ríos son más de 105 estudiantes que asisten regularmente a la carrera de Ingeniería y Media Ambiente, son 10 que se encuentran actualmente en huelga de hambre y no se descarta que el piquete se incremente, debido que no quieren ingresar todos por el desgaste.
“Somos el 70 por ciento de los estudiantes que estamos disconformes con este centro, por eso ingresamos así primero un grupo de estudiantes para que los demás luego se sigan acoplando”.
En caso de no tener una respuesta y no se preste atención a la demanda, desde la próxima semana se va masificando la medida de presión.
Víctor Espinoza
Unos 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), se encuentran cumpliendo desde el miércoles en la tarde una huelga de hambre, pidiendo la renuncia de la actual dirigencia del Centro de Estudiantes, para lo cual exigen la presencia del primer ejecutivo de de la Federación Universitaria Local (FUL) en Entre Ríos.
La presidente del Comité Huelga, Frida Lozano explicó que los diez primeros estudiantes que ingresaron a la extrema medida, esperan que el primer ejecutivo de la FUL se haga presente en Entre Ríos para que se busque una solución, por lo que mantienen el ayuno estos días feriados.
“Esto lo estamos haciendo por el incumplimiento de sus compromisos hacia nosotros, ya no nos toman en cuenta como estudiantes, no consultan para hacer las cosas y en realidad no atienden nuestras necesidades desde el año pasado hasta la fecha”.
La estudiante dejó en claro que no van a levantar el ayuno hasta que el ejecutivo de la FUL se haga presente y se pueda desconocer al Centro de Estudiantes, además que criticó que hace mucho tiempo no se hace presente el dirigente de los universitarios del departamento en ese Municipio.
Las observaciones que plantean los estudiantes de la carrera, son que se detectaron una serie de irregularidades desde el año pasado, no se cumplen las exigencias de los alumnos, no convocan a una asamblea de estudiantes para informar de la realidad de la carrera, tampoco se concretó el pedido de auto nivelación en algunas materias que se dejan o abandonan.
“Como estudiantes tenemos que hacer esos trámites y es un poco difícil, perdemos cursos de verano. Hemos hecho ese pedido, perdimos nuestras matrículas los mejores estudiantes por falta de la decisión del centro de estudiantes de acá”.
En Entre Ríos son más de 105 estudiantes que asisten regularmente a la carrera de Ingeniería y Media Ambiente, son 10 que se encuentran actualmente en huelga de hambre y no se descarta que el piquete se incremente, debido que no quieren ingresar todos por el desgaste.
“Somos el 70 por ciento de los estudiantes que estamos disconformes con este centro, por eso ingresamos así primero un grupo de estudiantes para que los demás luego se sigan acoplando”.
En caso de no tener una respuesta y no se preste atención a la demanda, desde la próxima semana se va masificando la medida de presión.
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