En el documento también las partes reconocen la crisis que atraviesa la superior casa de estudios y la importancia de la celeridad de la contestación del Tribunal.
La comisión por su parte ante la situación solicita una auditoría económica y académica de la anterior gestión.
Finalmente los mediadores solicitaron a ambas partes involucradas evitar la violencia y mantenerse abiertos al diálogo.
El TCP tiene un plazo de seis meses para revisar el fallo del Tribunal de Garantías. Pero para dar una solución rápida al tema, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, mandó una solicitud al Tribunal Constitucional para que pueda dar prioridad a ese documento, similar acción realizó el Comité Cívico de Tarija.
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