Varias autoridades universitarias, en el año 2000, vendieron terrenos de alto valor económico, los que fueron adquiridos por ellos mismos y sus familiares. Ante la imputación realizada por el Fiscal anticorrupción, los loteadores ahora dicen que no tienen culpa de esos delitos, por el tiempo transcurrido.
Los imputados eran miembros del Consejo Universitario en el año 2000, y autorizaron la venta de terrenos de la universidad a través de resolución, supuestamente por crisis económica, y para conseguir dinero de inmediato. Sin embargo las ventas fueron a crédito y los beneficiarios pagaron los saldos años después. Muchos de ellos exigen en la actualidad que la Universidad les entregue los documentos de propiedad.
LA TRAMA
El año 2000, cuando ejercía funciones de Rector Ronald Camargo, actualmente prófugo, el Consejo Universitario de la Universidad Amazónica de Pando se reunió y a través de la resolución 22, dispuso que los terrenos que por ley fueron adquiridos para la casa superior de estudios de Pando, ubicados en la ex pista de aterrizaje, denominada en esos años Urbanización Aliaga, hoy urbanización las Palmas, fueran vendidos de manera pública. Tanto la Constitución Política vigente a esa fecha como diversas leyes, prohíben enajenar propiedad pública, salvo autorización expresa dada por ley, la que jamás fue tramitada.
La resolución fue aprovechada por las mismas autoridades universitarias para adquirir terrenos a ser pagados en cuotas en dicha urbanización. La resolución que permitió enajenar terrenos de propiedad pública es contraria a la constitución y a las leyes, en opinión técnico jurídica del Fiscal Anticorrupción, Alvaro Pimentel, quien emitió imputación en contra de las, por entonces, autoridades universitarias.
La razón esgrimida para disponer de propiedad pública, fue que la Universidad carecía de dinero para pagar a la AFP Futuro de Bolivia. Según el Fiscal, era del todo increíble esta razón, ya que esos aportes son descontados de las planillas de pago de los funcionarios.
Pese a que supuestamente la universidad “quebraría” de no conseguirse dinero de inmediato, lo que justificaba la venta de los terrenos, el pago se hizo en cuotas, lo que demostraría que esta razón era mentirosa, a criterio del Fiscal a cargo del caso.
COMPROMETIDOS
La investigación fue seguida en contra de todos los firmantes de la resolución del Consejo Universitario. Entre ellos están Ronald Camargo, rector de la UAP del año 2000, Encarnación de Acosta, vicerrector, René Mamani, director administrativo y financiero, Aris Humérez, secretario general, Germán Guerrero, director académico. También están Jorge Mejía, Maura Ribera, Humberto Fernández, Gulter Alcazar, Julio Rojas, Ernesto Cornejo, María del Pilar de Wilder, Sissi Bello, Carlos acosta Quispe, Ricardo Flores, Yoshi Araguchi, René Aduviri, y Sergio Maniguari.
El Fiscal anticorrupción señaló que los hechos descritos constituyen delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y uso indebido de influencias.
La denuncia en contra de los loteadores y exautoridades universitarias fue presentada por el Rector actual de la UAP, Luwing Arcienaga, siendo investigado por la unidad de lucha contra la corrupción, bajo el número de caso Fispan.
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