viernes, 22 de octubre de 2010

San Francisco Xavier: Docentes advierten a Rector con juicio

Docentes de la Universidad San Francisco Xavier advierten al rector Walter Arízaga con iniciarle un proceso penal por discriminación, en aplicación de la nueva Ley contra el racismo, porque consideran que los procesos administrativos y despidos que pretende aplicar por incompatibilidades de parentesco y filiación son acciones discriminatorias, según anunció el asesor jurídico Johann Echavarría Céspedes.
Los docentes se pronunciaron a raíz de los procesos administrativos con sanción de destitución contra algunos docentes por la causal de incompatibilidad por razón de parentesco, que tuviesen con otros trabajadores administrativos y docentes en la Universidad.
El representante de la Federación de Docentes de San Francisco Xavier, Luis Sergio Querejazu, envió un memorial al rector Walter Arízaga aclarando que la causal de incompatibilidad por parentesco familiar no está tipificada ni sancionada por el ordenamiento interno de la Universidad.
Según el memorial al que accedió este diario, la demanda de los docentes se fundamenta en la Ley 45 del 8 de octubre de este año, que en uno de sus artículos sanciona los actos de racismo y toda forma de discriminación y consolida políticas públicas de protección y de prevención.
Echavarría dijo que sus defendidos invocan al artículo 281 de la nueva Ley que establece que “la persona que arbitrariamente o ilegalmente, obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar y otros (…) será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años”.
Añade que la sanción agrava la condena cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.
Explicó que en este caso particular los demandantes ven afectado su derecho al trabajo por causa de filiación familiar y toda contravención está tipificada como delito de discriminación, que se concretaría con los procesos internos contra los trabajadores.
Este diario intentó un contacto con Edgar Sernich, secretario general del Rectorado, pero su teléfono móvil estaba apagado.

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