domingo, 30 de agosto de 2009

La universidad Gabriel René Moreno logró cumplir con las exigencias para ser sujeto de crédito del Gobierno

Mientras la infraestructura crecía y los bloques de cemento se extendían para albergar más estudiantes con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los problemas internos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) también aumentaban.
Recursos congelados, readecuación salarial, docentes que exigían pago de sueldos, falta de fondos para indemnizar y jubilar funcionarios, procesos legales, movilización de universitarios por falta de condiciones para pasar clases y denuncias de corrupción, se convirtieron en un gran lastre para esta institución.
Después de 17 años, la Uagrm cree haber dado un paso fundamental para resolver uno de sus males crónicos: jubilar a docentes y administrativos que están en edad para retirarse y no podían hacerlo por iliquidez financiera. Un crédito otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe ser devuelto en cinco años, hará posible el pago de los beneficios sociales.
Por lo menos diez profesores han fallecido en el ejercicio activo sin jubilarse, afirmó el ejecutivo de la Federación Universitaria de Profesores, José G. Sánchez, que se mostró satisfecho por los acuerdos logrados.
El ingeniero José Núñez, de la facultad de Tecnología, es uno de los 80 docentes que se acogerá a la jubilación. “Vamos a recibir los beneficios que contempla la ley y creo que voy a extrañar la docencia, pero quiero pasar mis últimos años en tranquilidad y dedicándome a la familia”, dijo. Él recibirá un salario de Bs 7.200, tras 25 años de trabajo. Ya fue desprogramado de sus cátedras y deja cuatro grupos de estudiantes.
“Si no se aplica esta medida, en dos años colapsa la institución, puesto que la planilla de salarios se incrementó de Bs 150 millones a Bs 350 millones en los últimos diez años; la situación era insostenible”, advirtió el rector Reymi Ferreira.
Sin embargo, esta determinación ha provocado algunas críticas y ha despertado susceptibilidades que Ferreira está dispuesto a aclarar, porque asegura que adecuarse a la ley no significa violar la autonomía universitaria. “Algunas personas creen que somos soberanos, pero la universidad no es soberana, es autónoma; el que define la política salarial es el órgano central, no nosotros”, dijo.
Destacó que el acuerdo logrado con el Gobierno permitirá atender una vieja demanda para encarar el proceso de jubilación de varios funcionarios, tener holgura económica y un mejor manejo de las finanzas.
Pero la duda es inevitable. Si no tuvo que ceder en sus conquistas sociales, ¿por qué demoró tanto en firmar este convenio? Según Ferreira, porque había muchas exigencias y compromisos financieros, como deudas con Impuestos Internos, Seguro Universitario, las AFP, un inventario de procesos judiciales, también del patrimonio y los pasivos.
A ello, agrega la actitud de la ex dirigencia sindical docente y universitaria, a la que considera que no le importaba la institución. “La universidad era un gran sindicato y hay gente que piensa que dignidad es ganar Bs 25.000”, aseguró.
El acuerdo implica ahora que esta institución ingrese al Programa de Desempeño Institucional Financiero (PDIF), lo que significa que debe enviar al Ministerio de Economía y Finanzas información detallada en un plazo máximo de 10 días calendario tras concluir el mes. Caso contrario, la ‘U’ puede ser sancionada según establece el reglamento.
El ex rector Alfredo Jaldín considera que es positivo el acuerdo tanto financiero como académico, porque le permitirá un respiro económico en la planilla, puesto que los profesores por jubilarse llevan entre 25 y 30 años trabajando y, por ende, el bono de antigüedad es alto.
Esto también le permitirá contratar docentes jóvenes, con mayor capacitación y con sueldos menores. No obstante, algunos docentes, que prefieren no identificarse, desconfían en que detrás del convenio firmado con el Gobierno exista un compromiso político.
Los líderes de la Federación Universitaria Local (FUL), sin embargo, aprueban la medida aplicada, que también era una reivindicación estudiantil para pedir que los profesores no ganen salarios exorbitantes, dijo Manuel Porcel, secretario ejecutivo de la FUL.

Cambia el régimen del bono
No había otra salida: o la Uagrm se ajustaba a la readecuación de salarios exigida por la Ley Financial, que prohíbe percibir un sueldo superior a los Bs 15.000, o el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no le desembolsaba los recursos del soporte ordinario correspondiente a la presente gestión.
El rector, Reymi Ferreira, asegura que hace ya dos meses ninguno de los 476 docentes que percibían sueldos superiores a lo establecido en la norma, gana más que el Presidente.
Tanto la autoridad rectoral como el líder de los profesores, José Sánchez, afirmaron que se llegó a un acuerdo colectivo para cambiar el régimen del bono de antigüedad, mediante una indemnización. Antes, este beneficio era pagado sobre el cien por ciento de la antigüedad, hoy está basado en la resolución del Ilustre Consejo Universitario 096/2006, que aprueba el pago sólo del 50% sobre tres salarios mínimos vitales y no sobre el 100%. Para proceder según esta nueva disposición, se cuenta con Bs 50 millones que serán destinados al pago de indemnización de bono de antigüedad y se espera concluir con este proceso hasta diciembre de este año.
Del total de los catedráticos que calificaron al ajuste salarial, cinco han decidido retirarse de la institución, otro número igual ha iniciado proceso contra la institución en el Ministerio de Trabajo, y diez no han recabado sus fondos de indemnización y se desconoce si es que han decidido retirarse o permanecer en la universidad.
De acuerdo a las nuevas disposiciones, el docente que se marcha ya no puede volver.

Las cifras

55.000
Es el número de estudiantes que alberga la Uagrm, distribuidos en 12 facultades, 51 carreras, 1 Politécnico y 6 unidades académicas

1.400
Ése es el número de docentes que tiene la institución de educación superior estatal cruceña.

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